Preguntas frecuentes

El plazo para reclamar es de 20 días hábiles a partir de la fecha de efectos del despido. Se consideran días hábiles por lo que no se cuentan los sábados, domingos ni festivos.

Como regla general, los contratos de trabajo se pueden formalizar por escrito o verbalmente. Aunque el contrato no conste por escrito, ambas partes tendrán los mismos derechos y deberes, siempre que se acredite la relación laboral.

Si, pueden despedirte verbalmente. No obstante, si acudes a juicio, el despido seguramente se declarará improcedente al no haberse comunicado de forma escrita.

Será necesario llamar a la fuerza policial que opere en la zona para que haga un atestado, documento que será fundamental para acreditar posteriormente quién fue responsable de los daños causados.

El artículo 26.1 del ET define salario como: “La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especies, por la prestación de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computable como trabajo.” Por tanto, incluye el salario base, complementos salariales. Quedan fuera el concepto de salario las partidas a cuyo pago puede venir obligado el empresario que no sean contraprestaciones del trabajo como son indemnizaciones, salarios de trámites y salarios de tramitación, regulado en el artículo 26.3 ET.

 
 

Los salarios posteriores a la declaración de concurso son créditos contra la masa que se deben pagar a su vencimiento si hay liquidez en la empresa. En caso de que no haya tesorería el trabajador podrá reclamar al FOGASA su pago porque posiblemente se trate de un concurso sin masa, es decir, sin bienes o derechos para hacer frente a los créditos contra la masa.

Es importante mencionar que el pago que pueda reclamarse al FOGASA no es ilimitado.

Cuando la concursada tiene bienes y derechos que generan tesorería suficiente para pagar los créditos contra la masa el trabajador cobrará de la empresa todos los salarios devengados con posterioridad a la declaración de concurso. Además con carácter inmediato la administración concursal pagará los salarios de los 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso sin que exceda del salario mínimo interprofesional (SMI) que se reconocerán en el concurso contra la masa.

 
 

Según el artículo 85 de la ley concursal, el trabajador de una empresa en concurso debe comunicar su crédito a la administración concursal dentro del mes siguiente a la publicación en el BOE de la declaración de concurso.

Esta comunicación se hace mediante un escrito por el trabajador dirigida a la administración concursal en la que pone en conocimiento el importe bruto de las cantidades que se le adeudan por los distintos conceptos. Este escrito se puede presentar mediante correo postal, por correo electrónico o presencialmente en el domicilio del administrador concursal.

En la notificación deberá solicitar que se le reconozca su deuda como crédito contra la masa por los salarios devengados con posterioridad a la declaración del concurso, es decir, los salarios de los 30 días de trabajo efectivos anteriores a la declaración del concurso, como se ha dicho anteriormente con ciertos limites.

Las indemnizaciones pendientes de pago que corresponden a la extinción del contrato anteriores a la declaración del concurso, se reconoce como crédito con privilegio genera calculadas sobre el tripe del SMI por el número de años de antigüedad y por el mínimo de días legalmente previstos y el exceso de dichas indemnizaciones se reconoce como crédito ordinario.

Sí, tiene la obligación de reconocer a cada trabajador las cantidades pendientes de pago. En todo caso se reconocerán en el concurso o en cualquier momento de la tramitación, los créditos que consten en sentencia.

Esto es así, para evitar que el trabajador tenga que comunicar su crédito a la administración concursal, ya que normalmente, se contactará con el trabajador mediante un escrito indicándoles cuales son las cantidades que se le adeudan.

El FOGASA paga como máximo hasta 120 días de salarios pendientes de pago (calculados con prorrateo de pagas extraordinarias) e indemnizaciones sobre la base de 30 días por año de servicio sin exceder de una anualidad calculada sobre el doble del SMI con el prorrateo de las pagas extraordinarias.

Una vez que el FOGASA ha pagado al trabajador, este comunica el pago al concurso y se subroga en el crédito reconocido en el concurso. A partir de dicha subrogación del FOGASA, el trabajador seguirá siendo acreedor por el resto de su crédito.

En el caso de que haya masa activa (bienes y derechos) suficiente, la administración concursal procederá a pagar los salarios de los 30 días de trabajo efectivo de manera inmediata sin que exceda del doble el SMI.

En cambio, los que no correspondan a los últimos 30 días de trabajo efectivos se pagaran en la fase de liquidación o una vez aprobado el convenio.

Los procedimientos judiciales de reclamación de cantidad presentados ante el Juzgado de lo social con anterioridad a la declaración de concurso continúan hasta sentencia. Una vez declarado el concurso los Juzgados de los social son competentes para conocer de las reclamaciones de cantidad por salarios pendiente de pago por servicios prestados con anterioridad a la declaración de concurso por ser créditos concursales, no así por los posteriores o créditos contra la masa cuya competencia es exclusiva del Juzgado Mercantil que conoce del concurso.

Es aquél que no puede atender regularmente sus pagos frente a sus acreedores.

Es necesario saber qué es la insolvencia, y es un estado en el que una empresa no puede atender a los pagos que debe realizar a sus distintos acreedores, como pueden ser trabajadores, hacienda pública, entidades de créditos, etc. Otro de los requisitos es que dichos pagos tienen que ser superiores a los recursos económicos que tenga disponibles la empresa.

El autónomo o empresario debe acogerse a un pre-concurso o directamente a concurso de acreedores.

Un concurso de acreedores es un procedimiento que se sigue ante el juez y que se origina cuando una empresa no puede hacer frente a la totalidad de sus obligaciones. Con él se buscará, por un lado, satisfacer el interés de los acreedores, es decir, que estos cobren sus créditos y, por otro lado, que la empresa concursada salga de la situación de insolvencia sin ninguna responsabilidad.

Conforme a lo establecido en la Ley, es en el plazo de dos meses desde que se tiene conocimiento de ser insolvente, es decir, que tenga impagados generalizados.

Según el artículo 43 del RD viene a decir que mientras dure el estado de alarma e incluso en el plazo de dos meses siguientes a la conclusión del mismo, el deudor tiene de plazo para presentar un pre-concurso o un concurso sin tener el temor a que es esos dos meses sus acreedores le puedan instar un concurso necesario.

 
 

La acción rescisoria es un mecanismo que consiste en hacer que todos aquellos actos realizados en perjuicio de los acreedores en los dos años anteriores a la declaración del concurso vuelvan al patrimonio de la concursada, es decir, como si los negocios rescindido no hubiera tenido lugar.

 
 

Sí, la presentación de un concurso de acreedores por parte de una persona física es posible a partir del año 2015 ante los juzgados de lo civil.

Sí, por supuesto. Tener mucho patrimonio, es decir, mucho activo, no garantiza que sea solvente. Una empresa solvente es aquella que posee recursos líquidos o fácilmente liquidables, es decir, que pueda convertirse en dinero fácilmente.

Que cualquier acreedor o proveedor, al que dicha empresa deba dinero, pueda acudir al juez para que declare el concurso necesario.

Respecto a quien solicita el concurso:

El concurso voluntario lo solicita el mismo deudor, ya sea empresa o autónomo. En cambio, el concurso necesario lo solicita cualquiera de los acreedores de la empresa deudora. Además, este acreedor se beneficiará de que una parte de su crédito, concretamente el 25% tendrá la condición de crédito privilegiado.

En cuanto a la administración concursal

Si se trata de un concurso voluntario, el administrador concursal se limitará a intervenir las facultades del administrador social, es decir, se limitará a autorizar con su firma las actuaciones del administrador societario.

Si es un concurso necesario, el administrador societario quedará suspendido en su cargo y le sustituirá la administración concursal.

Es importante ser consciente de la fase de calificación, es decir, la existencia de un concurso necesario permite la aplicación de una presunción de culpabilidad ante el incumplimiento del deudo de solicitar un concurso voluntario en plazo.

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El Euribor es el tipo de interés del mercado interbancario tomado a un momento dado, es decir, el tipo de interés al que el banco que nos ha de prestar el dinero puede financiarse. Debido a que este tipo de interés promedio viene na representar el coste de financiación de las entidades bancarias, y que a la vez este tipo de interés fluctúa a lo largo del tiempo, este es el valor que normalmente se utiliza como referencia para calcular el tipo de interés efectivo de los créditos hipotecarios de interés variable, estableciéndose el coste de los mismos bajo el esquema de coste del “Euribor” más un diferencial.

Dado que el Euribor representa el coste financiero que asume el banco por obtener los fondos que nos va a prestar en la operación de crédito hipotecario, el diferencial viene a suponer el margen de beneficio que el banco quiere obtener en la operación de préstamo con el cliente.

Cuando hablamos de hipotecas variables, lo que se pretende transmitir es que el coste efectivo de esa hipoteca está ligado a las variaciones en el valor de un índice Externo.

En los préstamos hipotecarios a tipo variable es el cliente final (nosotros) el que asume la posición de riesgo de variación de los tipos de interés, derivando en las famosas “revisiones periódicas” (suelen ser semestrales o anuales) de los cuadros de amortización de la deuda. En el caso de los préstamos a tipo fijo, el diferencial desaparece de la ecuación de coste ya que en este caso es el banco el que asume el riesgo de variación de los tipos de interés de mercado (con lo cual, los préstamos a tipo fijo no están sujetos a revisión alguna).

Debido al efecto de la crisis financiera de 2008 en las economías de todo el mundo, se han desarrollado estrategias para evitar que un nuevo colapso financiero pueda producirse. A efectos prácticos, esto se traduce en que a una persona interesada en obtener un préstamo hipotecario solo se le prestará, como máximo, la cantidad cuyas cuotas de amortización mensuales le supongan a lo sumo un 30% de sus ingresos netos mensuales. Así, por poner un ejemplo, si en tu caso como cliente que busca una hipoteca cuya amortización mensual te suponga una suma de 500 euros mensuales, necesitarás unos ingresos netos mensuales de unos 1.700 euros al mes, y en caso de que no alcances esa cantidad, ningún banco te aceptará como cliente debido a su política de gestión de riesgos.

En los últimos años se han venido popularizando las hipotecas a interés fijo, cuya ventaja principal es que el cliente sabe desde la firma del contrato hipotecario las cantidades que tendrá que pagar mensualmente hasta que llegue la fecha de vencimiento del préstamo. Esta “certeza” de conocer de antemano la cantidad a pagar se percibe como una ventaja por parte de la población general, motivo por el cual se ha popularizado este producto. Analizando desde un punto de vista técnico, mi recomendación es recurrir a la estimación de los costes totales estimados en una operación y compararlo con el coste total estimado de las hipotecas variables, de tal modo que solo optaremos por firmar la hipoteca fija cuando estos costes estimados se asemejen entre sí. Para entendernos, por mucho que nos aporte tranquilidad el saber la cantidad que tendremos que pagar mes a mes durante toda la vida del préstamo, esto no compensa el hecho de que estemos pagando de más por nuestro préstamo.

Actualmente se han anulado todas las cláusulas relativas a los tipos de interés “de suelo”, así como las relativas a los gastos de formalización de la deuda (notarías, tasaciones, etc). No obstante, deben analizarse las condiciones concretas de cada oferta hipotecaria para evitar futuras sorpresas desagradables.

Ante la aparición de nuevos actores en el panorama financiero de España, no es poco frecuente constatar la desconfianza que pueda ofrecer a los clientes entidades financieras poco conocidas como “Open, Bank”, “Coinc”, etc. Dado que el producto que queremos contratar es un producto de Activo para el banco (nosotros recibimos los fondos por parte de la entidad, y no a la inversa) estas entidades nos ofrecen el mismo nivel de confianza que cualquiera de las más comúnmente conocidas. En un préstamo hipotecario, en lo que tenemos que centrarnos cómo clientes es en las condiciones del préstamo, y no en el nombre o la marca del prestamista.

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