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El derecho a una segunda oportunidad

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En la actualidad nos encontramos incursos en una grave crisis sanitaria y económica como consecuencia de la anterior, que lleva a muchas de nuestras familias y autónomos, a tener que endeudarse para poder aguantar la situación.

En general, las personas físicas responden de sus deudas tanto con su patrimonio presente como futuro. Por tanto, si un acreedor no puede cobrar ahora (porque el deudor es insolvente), puede esperar y volver a reclamar en el futuro (si entonces el deudor vuelve a tener dinero). 

No obstante, la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, prevé un mecanismo de “segunda oportunidad”. Con este mecanismo se liquida el patrimonio actual del deudor y, si quedan deudas pendientes, éstas quedan canceladas (cumpliendo ciertos requisitos). Por tanto, el deudor no responde con su patrimonio futuro (se le pone el “contador a cero” y tiene una “segunda oportunidad”).

En algunos casos este mecanismo permite, incluso, salvar la vivienda habitual del deudor. Esto sucede si dicha vivienda está hipotecada y su ejecución no alcanza para liquidar la hipoteca. En ese caso el juez puede autorizar que la vivienda quede a salvo de la liquidación, ya que ello no perjudica a nadie (ni al banco, que sigue teniendo la garantía hipotecaria, ni al resto de acreedores, que tampoco habrían recibido nada si la vivienda se hubiese subastado, ya que el dinero obtenido se habría destinado a liquidar la deuda hipotecaria). 

Es por tanto, que su objeto es claro, dar oxígeno a autónomos y personas físicas que por circunstancias adversas, no han podido saldar sus deudas, evitando así que estas les persigan de por vida. Sus beneficios, variados, permite la refinanciación de las deudas, evita la pérdida de su patrimonio y le permite poder empezar una nueva vida sin dichas cargas, en definitiva, confiriendo a dicho deudor una segunda oportunidad para empezar de cero.

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